La oferta está siendo estudiada por la Dirección General de Marina Mercante y por los servicios jurídicos del Estado, por lo que habrá que esperar la resolución para ver si es posible la adjudicación, o por lo contrario, se ofrece a la siguiente empresa licitadora, que es Balèaria. Por lo tanto, el Gobierno tiene dos opciones encima de la mesa, la oferta gratuita de Acciona-Trasmediterranea y la de Balèaria por 14 millones, algo que provocó la sorpresa tanto del PP como del PSOE.

 

Pese a lo raro de la oferta, Daniel Conesa, vicepresidente primero de la ciudad autónoma y vicesecretario regional de Estrategia y Política Económica del Partido Popular de Melilla, negó que esta "pueda poner en peligro un futuro mantenimiento del servicio de transporte marítimo como obligación de servicio público", recordando que "es el Estado el que fija las condiciones en las que tiene que prestarse una línea de Obligación de Servicio Público (OSP)". "La declaración como OSP de una línea, en este caso marítima y que hace el Estado, se hace para que esta línea se preste en unas condiciones mínimas de frecuencia, de precio y tipología de los barcos", aclaró para intentar disipar los miedos ante la oferta de "0 euros" de Trasmediterranea.

 

El "número dos" del Gobierno de Melilla hizo estas manifestaciones al hilo de las declaraciones efectuadas por la secretaria general electa del PSOE melillense, Gloria Rojas, sobre la situación del transporte marítimo, fundamentalmente del nuevo contrato pendiente de firma, después de que la socialista hablara de "pliegos a medida de alguna empresa", según informa La Vanguardia. Conesa, por su parte, quiso dejar claro que, al margen del monto económico, los contratos tienen unas obligaciones que, una vez firmados, no pueden incumplirse.